La Junta de Facultad celebrada el Jueves 18 de mayo aprobó por mayoría el implantar el plan piloto de los Créditos Europeos a partir del próximo curso en la carrera de Filología Hispánica. La medida contó con el asentimiento de la mayoría de representantes de profesores (con dos abstenciones) y de dos grupos estudiantiles (Reforma y Progreso).

Los grupos estudiantiles que se pronunciaron en contra argumentaron que tal medida era contraria al deseo de la mayoría de alumnos de Filología, así como que la implantación de los créditos europeos ha provocado fuertes protestas en los cursos donde se han impuesto, como es el caso de los alumnos de Psicología la semana pasada.

Contra la implantación de los eurocréditos.

Convoca: Alumnos Implicados en Créditos Europeos (AICE)

La red Precarios en Movimiento (grupo de ciudadanos en contra de la vida en precario) junto a algunos ciudadanos afectados por Aifos, se manifestó ayer martes 25 de abril en la fachada de la sede de la inmobiliaria. Durante más de 30 minutos se exhibieron pancartas y se realizaron cánticos contra Aifos, a quien concedieron a título simbólico “el premio al especulador del año”.

El portavoz de la Red, Nicolás Sguiglia, declaró que tienen previsto realizar más actos de protesta en la sede malagueña de C/ Cister, y anunció que la próxima concentración tendrá lugar el viernes 5 de mayo.

 Mañana: Aula María Zambrano (Facultad de Letras), desde las 12.30 h

 Tarde: Aula María Zambrano (Facultad de Letras), desde las 17 h

 Chantal Pérez Hernández

 En la reforma de la enseñanza superior todo cambia. Ya no habrá licenciados como hasta ahora, sino titulados en Grado que para poder tener una especialidad deberán cursar dos años de Máster. Aquí es dónde va a surgir la polémica, porque, según ha sabido la Cadena SER, el Gobierno trabaja con una horquilla de precios para cada uno de los dos cursos del máster que oscila entre los 1.800 euros y los 2.000, una cifra que el alumno deberá pagar íntegramente de su bolsillo, No existe financiación pública suficiente para reducir esas cantidades.

Las competencias en materia de enseñanza superior las tienen las Comunidades Autónomas, por lo que el temor en el mundo de los campus pasa porque las comunidades más ricas puedan hacer frente a esa financiación y las comunidades con menos recursos se vean obligadas s privatizar, a través de fundaciones, esos estudios de master.

El Gobierno tiene previsto debatir hoy esta cuestión, así, como el catálogo definitivo de títulos, en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria, que se reúne en Madrid. El Ministerio de Educación y Ciencia presentará a dicho Consejo su ’Propuesta de Directrices Generales Propias de los Estudios de Grado’, elaborada a raíz de analizar el primer paquete de titulaciones que formarán parte del futuro mapa de títulos en adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior.

Como organizaciones que trabajamos en la provincia de Málaga, queremos aprovechar también esta convocatoria para denunciar algunas de las injusticias que padece la población inmigrante en esta provincia:

Concretamente, queremos llamar a la atención sobre el enorme retraso en la resolución de expedientes de extranjería que ha llevado a situaciones de enorme precariedad y exclusión a numerosos inmigrantes en Málaga. Muchos inmigrantes llevan esperando, incluso desde hace dos años, la resolución de su correspondiente documentación, sin obtener ninguna respuesta desde la Subdelegación de Gobierno. Sin que tampoco las organizaciones sociales hayamos recibido respuesta alguna al respecto, aún cuando desde esta subdelegación del gobierno, se llegó a afirmar que el funcionamiento a partir del proceso de normalización sería mucho más ágil e incluso los expedientes podrían solucionarse en quince días. Sin embargo, en la actualidad esto sigue sin cumplirse (tampoco se cumplió en el proceso de normalización), e incluso los retrasos no han hecho sino aumentar hasta niveles insostenibles.

Por otro lado, queremos denunciar también nuevamente las condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, un centro en el que siguen siendo privados de libertad trabadores inmigrantes únicamente por haber cometido una irregularidad administrativa, razón por la cuál seguimos pidiendo su desaparición. En la actualidad además, hay que señalar que este centro se ha instalado continuamente en la ilegalidad al violar una y otra vez la propia normativa que lo regula, así como hacer oídos sordos a todas las denuncias y quejas recibidas por parte de organizaciones sociales, pero también de instituciones como el Defensor del Pueblo Estatal. Desde la Subdelegación de Gobierno, se ha incumplido continuamente la propia orden que regula estos centros, negándose a colaborar con las organizaciones sociales e imposibilitando su acceso para informar y evaluar sobre el cumplimiento legal de los requisitos y servicios mínimos que ha de cumplir y mantener el propio centro (tal y como se recoge en la orden). En la actualidad incluso, el centro incumple también la reciente sentencia del Tribunal Supremos del 11 de Mayo de 2005, en la cuál quedaban anulados determinados artículos de la orden, sin embargo tenemos constancia de que el centro sigue manteniendo el mismo funcionamiento así como aplicando los artículos declarados ilegales en la sentencia.

Por todo ello, ante estos y otros incidentes en la provincia de Málaga, así como la situación actual negación de derechos a los que se condena a la población inmigrante, exigimos:

1. La inmediata puesta en marcha de medidas para resolver el actual retraso en los expedientes en la provincia de Málaga.

2. El compromiso de esta subdelegación para proceder a la resolución de todos los expedientes en un periodo que, en ningún caso podrá superar los seis meses.

3. La puesta en marcha de medidas que garanticen que este tipo de situaciones no se repitan en un futuro, así como posibiliten la regularización de la población inmigrante

4. El cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros, y en tanto estos sigan existiendo exigimos:

El inmediato cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo, dejando de aplicar aquellos artículos declarados ilegales por esta sentencia, en cumplimiento de la legalidad vigente.

El cumplimiento de la propia orden que regula los centros, posibilitando la colaboración con las organizaciones sociales, y especialmente en lo referente a la evaluación, así como supervisión de las condiciones de este centro.

La inmediata subsanación de todas las deficiencias en las instalaciones, funcionamiento y adecuación de este tipo de centros, ya denunciadas anteriormente en numerosos informes de organizaciones sociales, Defensor del pueblo y otras entidades.

Lugar: Plaza de Capuchinos a las 19:00 horas

Convocan: Coordinadora de inmigrantes de Málaga, Plataforma de Solidaridad con los inmigrantes, Centreo Social- Casa de Iniciativas, Entránsito-Precarios en movimiento, PCA, IU, Izquierda Republicana, ASPA, Centro Malaika, SOC-SAT, CGT, Movimiento Humanista.

Sábado 1 de abril

Málaga

Sede de CGT en Málaga (C/ Madre de dios, 23)

11h00-12h30. Debate. Lluvia de ideas:

¿Qué entendemos por precariedad? ¿Es la precariedad un fenómeno exclusivamente laboral?

13h00-14h30. Experiencias. Puesta en común.

Experiencias de lucha y organización en precariedad laboral y social. Intervencion sobre la precariedad dentro y fuera del lugar de trabajo.

14h30-16h30. Comida

16h30-18h30. Charla-debate y vídeo.

Medios de acción contra la precariedad: los acuerdos del XV Congreso de CGT sobre acción sindical y social y precariedad. Movimientos de precarios: May Day. Planteamientos del anarcosindicalismo sobre la precariedad. Acción sindical en sectores precarios. Renta básica o salario social. Biosindicalismo.

19h00. Concentración.

Por el cierre del Centro de Internamiento de Capuchinos y por los derechos para todos. Plaza de Capuchinos.

Durante las movilizaciones realizadas en el año 2001, el PSOE, entonces en la oposición, afirmó apoyar a los estudiantes en las reivindicaciones en contra de la LOU. Sin embargo, una vez llegado al poder, el Partido Socialista parece haber olvidado las promesas hechas a la comunidad estudiantil en aquellos años.

Las organizaciones estudiantiles aquí representadas reivindicamos una mayor democracia en los centros universitarios que haga que el Claustro sea el verdadero centro de decisión política de la Universidad Pública y donde se pueda escuchar la voz de toda la comunidad universitaria.

Exigimos que ningún sector (profesores, estudiantes y PAS) supere el 49% de representación en los órganos colegiados, así como que se establezcan mínimos para todos los sectores. Consideramos que el mínimo de representación claustral de los estudiantes no puede bajar del 30%. El claustro ha de ser el encargado de tomar las decisiones más importantes de la vida universitaria, siendo estas las referentes a financiación y a las líneas estratégicas de la Universidad.

En cuanto al Consejo Social, creemos que debe incorporarse al mismo los distintos movimientos sociales y organizaciones sin ánimo de lucro. El Consejo Social ha de ser un vínculo real de la comunidad universitaria con la sociedad, la cual no está compuesta únicamente por empresas privadas. También pedimos que al menos 2/5 partes del CS esté compuesto por miembros del claustro y que el CS no tenga capacidad de veto en las cuestiones referentes a la organización universitaria ni en la financiación, ya que estas son cuestiones que han de ser debatidas y aprobadas en el Claustro.

Organizan: Centro Social Casa de Iniciativas.

La construcción del espacio universitario europeo es indisociable de la extinción del Estado social, un proceso del que forman parte muchas otras transformaciones sociales profundas a las que asistimos desde hace años. La universidad pública de masas, típica de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, supone un gasto que el Estado ya no puede asumir, como tampoco puede asumir el coste de muchos otros servicios que hoy quedan, cada vez más, en manos de iniciativas privadas empresariales o individuales. La necesidad de convertir la universidad en una institución económicamente rentable está detrás de las actuales reformas, y es el reverso de objetivos tan irreprochables y cabales como el de convertir a Europa en "la más competitiva y dinámica economía del conocimiento de todo el mundo", según declara la Recomendación antes citada. En la medida en que forma parte de este proceso más amplio, es obvio que la actual reforma universitaria tiene una importante dimensión política; pero nosotros, como colectivo de investigadores, no vamos a referirnos a ella. Tampoco es necesario: las reformas propuestas presentan aspectos preocupantes ya sólo desde la perspectiva de la actividad investigadora.
En el Documento-Marco del MECD de febrero de 2003 sobre "La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior" se afirma que los estudios de doctorado en España deben mejorar y alcanzar los niveles de exigencia reconocidos internacionalmente, pero también lograr "un mayor reconocimiento (...) por parte de empresas e instituciones no académicas". El Proyecto Tuning aclara perfectamente cuál es el procedimiento a seguir para lograr ese objetivo: se trata, ante todo, de diseñar los perfiles profesionales y académicos en función de las demandas de la sociedad y del mercado. Desde nuestra perspectiva de investigadores, estos principios generales resultan inquietantes. Si la financiación de los proyectos de investigación con fondos públicos depende de su grado de correspondencia con las "demandas de la sociedad y del mercado", y más aún si los fondos proceden directamente de fuentes externas a la universidad (es decir, de empresas privadas), sucederá que sólo obtendrán financiación, y por tanto sólo podrán desarrollarse, los proyectos que prometan resultados económicamente rentables para quienes los financian. En el caso de algunas disciplinas técnicas, como las Ingenierías, este modelo de financiación de la investigación tiene muchas ventajas. Pero en otras áreas, como las Humanidades, buena parte de las Ciencias Sociales, e incluso las ramas teóricas (es decir, sin una aplicación tecnológica directa) de las Ciencias de la Naturaleza, la financiación dependiente de intereses empresariales o de criterios estrictamente mercantiles supondría una amenaza muy grave para la investigación. Sencillamente, los departamentos dedicados a estas materias no dispondrían de fondos para sus proyectos, y tendrían que abandonar sus programas de doctorado.
Cabe imaginar que, para evitar esta situación, los departamentos más amenazados intentasen ajustar sus proyectos a las supuestas "demandas de la sociedad y del mercado" (como, por lo demás, exigen expresamente los artífices de la reforma). Pero esta estrategia no sólo no garantizaría la calidad o el interés de los proyectos, sino que en algunos casos, especialmente en las Humanidades y las Ciencias
Sociales, casi puede preverse lo contrario: proliferarían los proyectos de investigación ideados ad hoc para obtener una financiación que responde a criterios completamente ajenos a los problemas y los métodos propios de estas disciplinas. También podría aparecer una competencia entre departamentos y universidades, tanto a nivel nacional como dentro de las propias Comunidades Autónomas, en la
que cada universidad se esforzarse no tanto por ofrecer programas de doctorado interesantes desde el punto de vista científico, sino por ajustarse lo más posible a los criterios impuestos por las empresas.
De este modo, y contra lo que pretende la reforma, se produciría una pérdida de calidad de las investigaciones en estos campos, como consecuencia de la imposición de criterios de evaluación y financiación inadecuados y de una exigencia de mercantilización de los contenidos que en ciertos casos, por razones internas a las
disciplinas mismas, es sencillamente imposible de acometer (¿Cómo articular un programa de doctorado en, por ejemplo, Historia de la Literatura Medieval adaptado a las "demandas de la sociedad y del mercado" sin desfigurar los contenidos de esta materia?).
Este tipo de distorsiones de la actividad investigadora en determinadas áreas es tanto más previsible cuanto que, en realidad, los propios becarios de investigación de los departamentos de Humanidades ya están sufriendo los desajustes entre las materias de investigación y los criterios de financiación. En los últimos años, la
concesión de las tres becas de investigación que existen en la Universidad Complutense (FPU, FPI y UCM) depende cada vez más de criterios como la pertenencia del director de la tesis a un proyecto de investigación dotado de financiación. Ésta es una exigencia totalmente pertinente y razonable tratándose de investigaciones de ciencia experimental, puesto que de la incorporación a un proyecto de investigación financiado depende, por ejemplo, la posibilidad de que
el doctorando acceda a determinados recursos materiales o tecnológicos que pueden ser imprescindibles para su trabajo. En cambio, en todas aquellas áreas en las que la investigación no requiere otra cosa que recursos bibliográficos, el peso que se concede a un criterio como éste en los procesos de concesión de las becas es excesivo e injusto, pues en último término parecen decidir la concesión de las becas las circunstancias académicas de los directores de tesis o de los
departamentos, en lugar de los méritos de los propios doctorandos.
Esta situación afecta a la libertad de los aspirantes a becarios para elegir los departamentos, los directores e incluso los temas de sus investigaciones, y a nuestro juicio anticipa muchos otros problemas, derivados del modelo de financiación de la investigación que propone esta reforma. El problema que hoy tienen quienes solicitan una beca de doctorado lo tendrán más adelante los profesores, los departamentos y las facultades cuya actividad no resulte rentable.
Como investigadores, estamos a favor de toda reforma de la universidad que mejore la calidad académica, la movilidad, la transparencia y las oportunidades de promoción de estudiantes, investigadores y profesores. Creemos, además, que la universidad necesita reformas de este tipo. Pero nos preocupa la orientación de un proyecto que, como el actual, tiende a conceder un poder excesivo a instancias
extra-académicas, especialmente a la empresa privada, en la organización interna de los estudios universitarios y en la financiación de los proyectos de investigación .
Lo que se presenta como un medio para resolver los problemas financieros de la
universidad y para abrir esta institución a la sociedad, podría convertirse finalmente en una verdadera colonización de la universidad pública por intereses privados. Como investigadores, estamos obligados a defender la autonomía de la investigación científica. Por eso no podemos estar de acuerdo con el actual proceso de convergencia europea."

Decidimos organizarnos para presentarnos a elecciones y hacer oír nuestra voz en los diversos órganos de la universidad. Nos dimos el nombre de “otra universidad es posible” y en las primeras elecciones obtuvimos unos excelentes resultados a nivel de toda la UMA formando grupo claustral y obteniendo representación en todas las juntas de facultad. Continuamos la lucha contra la aplicación de la LOU y denunciamos el funcionamiento de la política universitaria y de los intereses que se movían dentro de ella.

Al año siguiente llevamos a cabo movilizaciones contra la invasión de Irak organizando comités contra la guerra y adoptando las fechas de las manifestaciones del foro social de málaga, de acuerdo con la creencia de que la universidad debe estar en la calle y posicionarse ante los grandes temas que preocupan a la sociedad. Asimismo estuvimos al lado de las limpiadoras de la UMA en su huelga apoyándolas moralmente en sus reivindicaciones.

Cuando hubo elecciones a rector hicimos campaña electoral a favor de Juan Torres, el principal rival de la actual rectora Adelaida de la Calle. Los alumnos votaron en su mayoría a Juan Torres, que obtuvo muchos mas votos que Adelaida de la Calle, pero debido al sistema electoral por el cual el voto de un profesor vale como el de 10 alumnos Juan Torres se quedó a las puertas del rectorado.

En las siguientes elecciones volvimos a presentarnos consiguiendo mayoría en letras y cinco claustrales.

Nosotros creemos en un modelo de universidad más democrático y participativo, y en una educación de calidad accesible para todos. Nuestra filosofía es que las cosas hay que cambiarlas desde abajo hacia arriba y por ello apostamos por la participación activa de todos los estudiantes en los asuntos de la universidad. Creemos que otra universidad es posible, porque creemos también que otro mundo es posible.

La policía francesa asaltó la Universidad de la Sorbona y sacó hoy a la fuerza a estudiantes atrincherados tras las barricadas que montaron para protestar contra la aplicación de una controvertida ley.
Durante la embestida, al menos dos personas resultaron heridas después que la policía empleó gases lacrimógenos y porras para desalojar a los estudiantes en una operación de apenas 10 minutos, criticada por el propio alcalde capitalino, Bertrand Delance.
Al respecto, Delance expresó su profunda preocupación por el empleo desmesurado de la fuerza contra los jóvenes que realizaban una manifestación pacífica, en la cual marcharon alrededor de ese centro con gritos de "La Sorbona es de los estudiantes".
Esa universidad fue una de las más de 40, de un total de 85 en el país, que quedaron paralizadas a causa de las protestas de los estudiantes, un movimiento similar al de mayo de 1968, cuando los educandos se pronunciaron contra las guerras en Vietnam y Argelia.
Los estudiantes formaron una cadena humana alrededor de la Sorbona, ubicada en el barrio latino de París, para corear lemas como "Resistencia pacífica" y "Policía nacional, policía del capital".
Entre 300 y 600 alumnos lograron entrar por las ventanas y otras partes a la referida universidad para unirse a unos 150 de sus compañeros que se encontraban desde el miércoles último en esa instalación.
A petición de la dirección de ese centro de altos estudios, las fuerzas antimotines arremetieron contra los alumnos que tomaron esa instalación para demandar el fin de una legislación que perjudica a los trabajadores jóvenes.
El Gobierno logró el pasado jueves la aprobación en el Parlamento de una disposición que permite a los patrones de empresas cesantear a empleados menores de 26 años en los primeros 24 meses de trabajo, sin ofrecer ninguna excusa.
La puesta en vigor de esa disposición, que recibió el respaldo de la mayoría de la coalición centroderechista en el poder, llevó a los sindicatos, las organizaciones juveniles y a la oposición de izquierda a organizar demostraciones callejeras.
El pasado martes entre 400 mil y un millón de personas marcharon por más de 200 ciudades francesas para demandar la derogación de la referida ley, en tanto las mismas agrupaciones llamaron a otra protesta similar para el próximo día 18.
Las marchas en contra del llamado Contrato de Primer Empleo (CPE) obligaron al ministro del Interior galo, Nicolas Sarkozy, a recortar su visita a la región del Caribe.
El gobierno del jefe de Gobierno Dominique de Villepin debió prometer que revisaría en los próximos días la controvertida legislación, puesta en práctica para supuestamente reducir el desempleo entre los trabajadores jóvenes.
Francia posee uno de los peores registros en la Unión Europea en materia de desempleo al mantener en la última década un promedio en ese rubro de 10 por ciento de la población laboralmente activa.